En las vastas extensiones rurales de Colombia, donde la tierra fértil yace bajo el yugo de la desigualdad, se gesta una necesidad imperiosa: la Reforma Agraria Rural Integral (RRI). Esta iniciativa, consagrada en el Acuerdo de Paz de La Habana del 2016 con las antiguas Farc Ep, representa una oportunidad histórica para transformar el campo colombiano, no solo para garantizar el acceso equitativo a la tierra, sino también para sentar las bases de un desarrollo agroindustrial robusto y sostenible.
La inequidad en la distribución de la tierra en Colombia es una herida profunda que ha lastrado el progreso rural durante décadas. Millones de campesinos, especialmente aquellos pertenecientes a comunidades indígenas y afrodescendientes, han sido relegados a minifundios improductivos, mientras que grandes terratenientes acaparan extensiones inmensas de tierra fértil productiva. Esta situación ha generado las condiciones perfectas para la violencia y el conflicto social, alimentando un círculo vicioso de pobreza, exclusión y resentimiento.
La RRI deberá romper este ciclo perverso mediante la redistribución justa de la tierra, el acceso a crédito, asistencia técnica y la promoción de la asociatividad y la producción agroindustrial. Este enfoque integral busca no solo empoderar a las diferentes comunidades rurales, sino también impulsar la transformación del sector agrario hacia un modelo más eficiente, competitivo y rentable.
Al abrir la robusta puerta del acceso a la tierra, la RRI permitirá a miles de familias rurales construir un futuro próspero y sostenible. La posibilidad de cultivar sus propios alimentos, generar ingresos dignos y participar activamente en la economía local representa un faro de esperanza para quienes durante tanto tiempo han sido marginados.
Además de su impacto social, la RRI también tiene el potencial de detonar un crecimiento económico significativo en el sector agroindustrial. Al fortalecer la capacidad productiva de los pequeños agricultores, se puede aumentar la oferta de alimentos frescos y procesados, tanto para el consumo interno como para la exportación. Esto generaría nuevas oportunidades de negocio, empleo y desarrollo en las zonas rurales, dinamizando la economía local y regional.
Sin embargo, una posible implementación de la RRI no estará exenta de desafíos. Se requiere un compromiso político fuerte y sostenido por parte del gobierno, así como la participación activa de la sociedad civil, las comunidades rurales y que el sector privado se enfoque en dar un poco más de lo que siempre aporta. Es fundamental garantizar la transparencia y la rendición de cuentas en todo el proceso, a fin de evitar la corrupción y el clientelismo.
La RRI no es una utopía, sino una necesidad urgente para construir un futuro más justo y próspero para Colombia. Es una oportunidad para sanar las heridas del pasado, transformar el campo y construir una paz duradera.
Para hacer la paz no simplemente se debe buscar la pacificación de los grupos armados ilegales, sino que se debe implementar toda una estructura de transformación social que en muchos casos requiere más que un simple acuerdo de las ramas del poder público y los actores armados.